El gobierno nacional efectuó el pago de 1.000 millones de dólares a los bonistas que ingresaron a los canjes instrumentados en 2005 y 2010, cumpliendo en tiempo y forma con las obligaciones establecidas en el prospecto de emisión de los títulos de deuda, con lo que buscó dejar en claro su "voluntad de pago".
Al mismo tiempo, responsabilizó al juez Thomas Griesa, a los Estados Unidos y su sistema judicial y a las entidades financieras intermediarias, en el caso de que el pago no llegue a ser efectivizado el lunes 30 de junio, y advirtió sobre la posibilidad de iniciar acciones judiciales en foros internacionales.
La decisión oficial se conoció sobre el mediodía, a través del ministro de Economía, Axel Kicillof, el jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, y el secretario de Legal y Técnica, Carlos Zannini.
Incluso la presidenta Cristina Fernández de Kirchner -a través de su cuenta en la red social Twitter- publicó el comunicado oficial en el que destacó la decisión bajo el título "Argentina paga".
Rechazo.
Minutos después del encuentro con la prensa en la que Kicillof leyó el comunicado oficial, en Nueva York el juez Griesa dio a conocer su rechazo a la solicitud presentada por Argentina de suspender la medida que obliga a pagar a los fondos buitre para poder cumplir los compromisos con el resto de los acreedores de deuda, por lo que el dinero depositado podría ser embargado.
Griesa consideró que la solicitud "no es apropiada" y dijo que la orden de pagar a los fondos especulativos "no entra en vigor" a menos que el país realice pagos a los tenedores de bonos reestructurados.
Audiencia.
Griesa recordó que en el caso fue nombrado un mediador, el abogado neoyorquino Daniel Pollack, y que su tribunal "entiende que las negociaciones (entre Argentina y los fondos buitre) van a incluir el manejo de futuros pagos de los bonos reestructurados".
Por su parte, NML Capital, uno de los fondos buitre que litigaron contra el país, envió ayer una nota a Griesa en la que califican de "medida descarada" y "violatoria" de las disposiciones de la justicia estadounidense a la decisión adoptada por el gobierno argentino de pagar a los bonistas del canje.
Luego, NML pidió una audiencia, y Griesa concedió la misma, y quedó pautada para hoy a las 11.30 hora argentina (10.30 en Nueva York).
Kicillof.
Kicillof, durante el anuncio de la medida oficial, se limitó a la lectura del comunicado en el que se recalca la "decisión soberana de honrar sus deudas" por parte la República Argentina, sin pretender "colisionar con otras decisiones emergentes de autoridad judicial que alteran las bases contractuales suscriptas".
"La Argentina ha procedido al pago de los servicios de capital e intereses de sus bonos bajo ley extranjera por el equivalente a 832 millones de dólares, de los cuales 539 fueron depositados en las cuentas 15.098 y 15.002 del Banco New York Mellow (BONY) en el Banco Central de la República Argentina", señala el comunicado.
A tal efecto, se aclara que "el pago realizado hoy (ayer) a los tenedores que adhirieron voluntariamente al canje, sumando los intereses en pesos, supera los mil millones de dólares".
Depósito.
El depósito se realizó ayer en virtud de que "mañana (hoy) es feriado en la administración pública y el pago debe realizarse el último día hábil antes del vencimiento".
De esta manera, la Argentina continúa con su "exitoso proceso de reestructuración voluntaria de deuda", respetando así los "derechos representados por una mayoría clara e indubitable, que no puede ser fulminados por el 1 por ciento de los bonistas".
A La Haya.
En el documento, el gobierno advirtió además sobre la posibilidad de llevar adelante "eventuales acciones judiciales" ante foros internacionales como el Tribunal de La Haya y la justicia ordinaria local, debido a que el fallo del juez Griesa "vulnera el principio de inmunidad soberana vigente en ese país (EE.UU.) como norma de jerarquía institucional superior e interpreta además en forma antojadiza y absurda el principio de 'pari passu'".
A renglón seguido, sostiene que "esta decisión soberana de la República Argentina implica advertir respecto de las consecuencias de sus actos a los Estados Unidos por la responsabilidad internacional que le cabe por las decisiones de su Poder Judicial, al agente fiduciario, a las entidades financieras involucradas, a los litigantes y al mismo juez Griesa respecto a eventuales acciones judiciales que nos permitan hacer valer legítimamente nuestros derechos como miembro de la comunidad internacional".
G77+China envía una carta a Griesa.
El G77+China envió ayer una carta al juez Griesa, a la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos, y al secretario de Estado, John Kerry, en la que expresa su "plena solidaridad y apoyo" a la Argentina respecto a la sentencia dictaminada por la justicia norteamericana en el caso contra los fondos buitre.
En la nota, firmada y enviada a los tres destinatarios por el presidente del G77+China, Sacha Llorenti, el grupo integrado por 133 países "resalta su preocupación sobre las serias consecuencias de la sentencia, que van más allá de Argentina y que podrían afectar a cualquier país enfrentando situaciones similares".
La "declaración en apoyo de Argentina sobre la decisión (en el caso) NML Capital LTD. vs. República Argentina", surge tras el encuentro llevado adelante el miércoles por el organismo en la sede las Naciones Unidas, en Nueva York, en el cual fue informado por el canciller, Héctor Timerman, y el ministro de Economía, Axel Kicillof, sobre el fallo del juez distrital, Thomas Griesa, en el caso de Argentina contra el fondo NML.
En el texto, el Grupo "subraya su profunda preocupación por esta decisión judicial y considera que no es la instancia adecuada para resolver estos temas".
Asimismo, el G77+China "resalta que este fallo podría tener consecuencias sistémicas adversas, ya que la renegociación voluntaria de deudas y las reestructuraciones de deudas, podrían convertirse en más difíciles, si no imposible", detalló el documento al que tuvo acceso Télam.
El Grupo "llamó además a un proceso que promueva condiciones de negociación justas y equilibradas para resolver esta disputa, teniendo en cuenta los intereses del 100 por ciento de los tenedores de bonos".
La carta enviada a Griesa, Kerry y a la Corte Suprema, recordó además que en la Declaración de Santa Cruz firmada en Bolivia 10 días atrás, los jefes de Estado y representantes de gobierno del G77+China señalaron que "una nueva preocupación emergió relacionada a las actividades de los fondos buitre".
"Hacerlo con justicia".
El vicepresidente de la Nación, Amado Boudou, sostuvo ayer que "Argentina quiere seguir honrando los compromisos asumidos" al hablar en una conferencia realizada en el Centro de Estudios de la Economía Cubana, en la que participó tras arribar a la ciudad de La Habana invitado por el gobierno cubano.
"Argentina quiere seguir honrando los compromisos asumidos", expresó el vicepresidente y subrayó: "queremos hacerlo con justicia, negociando siempre con la posibilidad de que Argentina siga creciendo, porque como dijo el ex presidente Néstor Kirchner 'los muertos no pueden pagar sus deudas'".
Boudou recordó que "Argentina fue durante muchos años sometida a un sistema de endeudamiento por el cual los gobiernos no trabajaban para sus pueblos sino para el sistema financiero internacional".
No obstante, remarcó que "con la llegada de Néstor Kirchner y Cristina Kirchner hubo una nueva orientación de la economía, con crecimiento e inclusión social y una reestructuración de la deuda muy exitosa en 2005 y 2010" .
En ese sentido, resaltó que "si alguien pretende que Argentina desaparezca como nación soberana entonces no va a poder pagar sus deudas".
"Negociar sin miedo".
El economista Aldo Ferrer consideró ayer que "hay que negociar sin miedo con los fondos buitre, porque si de última no se llega a un acuerdo, Argentina tiene todas las condiciones para poder sobrevivir y salir adelante".
Ferrer dijo a Télam que "los problemas del país no están en la Corte de Estados Unidos sino dentro de nuestras propias fronteras, y si bien el tema tiene gran trascendencia no sólo para nuestra Nación sino para el mundo, tampoco hay que pensar que se va a perder todo lo que se ha logrado en los últimos años en la economía argentina".
"Hay una sensación que, de continuar, no nos permitirá la tranquilidad que requiere sentarse a negociar; por eso, tenemos que saber que puede no haber un acuerdo. Y, por otro lado, hay que continuar con la estrategia oficial de cambiar la sede de pago para los acreedores que sí entraron en los canjes", dijo Ferrer.
El ex embajador remarcó también el "apoyo" que tuvo la Argentina en la exposición que hizo el miércoles en Nueva York el ministro de Economía, Axel Kicillof, ante el G77+China, presentación que calificó como "sólida, con argumentos contundentes, y con respaldo unánime".
La Cepal busca una solución.
La secretaria ejecutiva de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), Alicia Bárcena, se pronunció a favor de la postura argentina en el reclamo contra los fondos buitre, y planteó la necesidad de establecer un "mecanismo internacional" que permita resolver los "conflictos de intereses suscitados por defaults soberanos".
"La crisis financiera global y sus efectos, y la crisis de la eurozona, han vuelto a poner de relieve varias de las profundas inconsistencias e inequidades, tanto en relación con la organización del sistema monetario internacional como con el poder desmesurado que adquiere el mundo de la finanzas por sobre el del trabajo y la producción", indicó Bárcena.
A través de un comunicado, destacó que "estas crisis han demostrado que para evitar costos económicos y sociales profundos y duraderos se requieren mecanismos de negociaciones y soluciones a nivel internacional que faciliten los pagos y permitan un manejo adecuado de la deuda en el tiempo".
Allí remarcó que "el riesgo asociado a la ausencia de un mecanismo de este tipo es, precisamente, lo que vuelve a ponerse de relieve a partir de la reciente decisión de la Corte de Suprema de Justicia de los Estados Unidos de rechazar el tratamiento de la contienda legal entre Argentina y una parte minoritaria de los denominados holdouts, también conocidos como fondos buitre".
Consideró que "dicha decisión no solo dificulta, o quizás imposibilite, que Argentina continúe con el pago del servicio de su deuda reestructurada, sino que atenta contra la estabilidad del sistema financiero internacional". (Télam)
